Primer Congreso, novena Jornada. Accesibilidad
en Nivel Superior: Políticas y Prácticas Situadas.
Bariloche (Río Negro, Argentina) Octubre 2024.
Conclusiones generales:
Reunidos en congreso como Red Regional de Educación Superior,
Discapacidad y Derechos Humanos, con la participación de aproximadamente
500 personas, estudiantes, trabajadores de la educación de los distintos niveles
y modalidades educativas, de la salud, de la cultura, funcionarios y ciudadanos
de diversas provincias argentinas como Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa
Cruz y otras.
Hemos construido conclusiones a partir del trabajo de análisis y reflexión
participativa colectiva, realizado en más de dos decenas de grupos de trabajo
con diversos formatos, a fin de realizar aportes a la construcción de políticas y
prácticas situadas, desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad,
entendiendo la urgencia de sostener y avanzar en las condiciones que permitan
la concreción de derechos proclamados por Ley 26378/08 haciendo efectivo el
compromiso asumido como estado miembro, en la Convención Internacional de
los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006). Así mismo,
retomamos y sostenemos la perspectiva de trabajo hacia la educación
inclusiva, formulada a partir de la LEN 26206/06.
Proclamamos una posición anti- capacitista ante toda intención de valoración
de un ser humano en relación a patrones hegemónicos. Reafirmamos la
necesidad de ampliar diversificando las condiciones de la educación a lo largo
de la vida, y en particular de la formación en nivel superior. Es necesario
diversificar el sistema de acreditación social para el campo ocupacional y
laboral una vez que hemos comprendido que los proyectos de vida de todos los
ciudadanos habrán de tener lugar en una sociedad democrática, humanitaria,
que sostiene el valor de la vida digna para todos sus habitantes.
Avanzamos en red, en la apropiación y creación de prácticas colaborativas,
recreando y resignificando las prácticas docentes para que resulten accesibles,
reconociendo la igualdad de derechos de colectivos oprimidos, violentados,
desde el desconocimiento o la negación de su existencia como estudiantes o
trabajadores de la educación. Nos pensamos desde las micropolíticas
organizacionales e institucionales, con conciencia del innegable compromiso
que debe asumir el Estado, su responsabilidad en garantizar condiciones para
el ejercicio de derechos, ya proclamados.
Sostenemos el valor de la educación pública, como bien común y su
resignificación desde propuestas de diálogos siempre plurales y argumentados,
avanzando desde los derechos ya construidos como colectivo social.
Es necesario avanzar en la definición de políticas educativas para el nivel
superior, desde la perspectiva de la discapacidad, las condiciones de
accesibilidad y la educación inclusiva, con financiamiento. La no obligatoriedad
del nivel superior no justifica que el Estado se desligue de su obligación de
garantizar este derecho.
Pensar las políticas educativas desde una perspectiva integral del sistema
educativo, desde nivel inicial a superior y educación para toda la vida e
intersectorial. La información estadística en relación al acceso a la escolaridad
y la alfabetización es un signo que evidencia la desigualdad.
Desde todos los niveles y modalidades del sistema educativo, incluyendo en
estos al nivel superior, se destaca la necesidad de trabajo en equipo y en
parejas pedagógicas, con agendas que definan tiempos para la concreción de
planificaciones centradas en la persona y trabajo en equipo, articulación
intrainstitucional e interinstitucional y en particular entre niveles educativos. Se
destaca la necesidad de que les docentes de apoyo a la inclusión sean
asignados a solo una institución, tomando decisiones organizativas que den
lugar a la evaluación continua que se realiza en términos de las fortalezas
socio educativas que se experimentan cuando dichos docentes tienen una
permanencia y pertenencia institucional.
Proponer la curricularización de la educación inclusiva y en particular desde la
perspectiva de la discapacidad y la accesibilidad, en las unidades curriculares
de los campos de formación general, específica y de prácticas de los
profesorados. Es clave al momento de superar la barrera actitudinal que
sostiene que el abordaje de la situación de discapacidad es solo un tema de
especialistas. Esto obtura la transformación e implicancia social y pedagógica
comprendiendo a la humanidad en su diversidad y el proceso de
corresponsabilidad a asumir en vistas a una sociedad que garantice ser
habitada por todes.
Planificar con modalidad colaborativa y participativa, proyectos institucionales a
partir de la identificación de barreras físicas, actitudinales, comunicacionales,
pedagógico didácticas y facilitadores, que permitan avanzar en condiciones
institucionales y prácticas docentes que promuevan la participación,
comunicación y aprendizajes de la comunidad educativa, y en particular de
personas en situación de discapacidad.
Garantizar el ejercicio laboral responsable de las funciones de cargos directivos
y de gestión, con formación desde la perspectiva de derechos, en educación
inclusiva, discapacidad y accesibilidad. Clave para promover e institucionalizar
políticas transversales, con resonancias en las diversas funciones, agentes y
prácticas de la organización, desde las dimensiones administrativo pedagógica,
pedagógico didáctica y socio educativa.
Avanzar en la institucionalización de dispositivos de trabajo desde y para la
accesibilidad y prácticas inclusivas.
Planificar y garantizar formación permanente sobre accesibilidad desde la
perspectiva de la discapacidad y educación inclusiva desde, con y hacia
equipos docentes de los institutos de formación docente. La formación para el
nivel superior, definida en la agenda de la política educativa es clave para
garantizar oportunidades básicas de abordaje del tema, problematización de
supuestos, construcción de políticas en clave de derecho y redefinición de
prácticas docentes.
Promover el trabajo inter institucional y en redes, optimizando los recursos de
la comunidad de pertenencia, potenciando comunidades de aprendizaje
amplias. Favorecer, generar, afianzar, articulaciones intra e interinstitucionales,
entre los distintos niveles y modalidades educativas y con organizaciones e
instituciones otras, en relación a la perspectiva de la discapacidad y el derecho
a la educación, la accesibilidad en su multidimensionalidad, intersectorialidad,
interseccionalidad, interagencialidad.
Garantizar recursos humanos y materiales básicos que garanticen la
participación de personas en situación de discapacidad en la educación
superior. Garantizar las condiciones de acceso para la participación, la
comunicación y los aprendizajes en la formación de nivel superior. Contar con
la participación de personas en situación de discapacidad referentes
necesarios para la planificación y acción en la dinámicas colaborativas en el
campo de la accesibilidad, evaluadoras y validadoras de materiales, prácticas y
demás condiciones de acceso, en calidad de usuarias. Del mismo es preciso
considerar que dicha participación no es condición sine quanon como tarea que
se suma a las prácticas cotidianas del estudiantar u otras funciones y que las
condiciones de accesibilidad han de garantizarse disponiendo de los recursos
necesarios, garantizando el derecho a la educación.
En particular se espera que el Estado garantice recursos tecnológicos y
formación en comunicación y educación digital, garantizando la accesibilidad
en entornos multimediales.
Las bibliotecas institucionales de nivel superior tienen un recorrido interesante
en términos de aportes a las condiciones de accesibilidad del material de
estudio y otros. Sería significativo realizar un relevamiento anual de
experiencias y socializar como estrategia de formación, difusión, ampliación.
Como prácticas concretas se propone: realizar capacitaciones y avanzar en
redes que permitan compartir el material accesible elaborado. Se requiere del
Ministerio, contar con una plataforma y servidor adecuados.
Respecto a la incorporación de familias en las configuraciones de apoyo en
nivel superior, se debate y no se llegan a conclusiones generalizables. Si bien
es esperable que dichas configuraciones prescindan de las familias como
garantes de condiciones para la formación, la evidencia situada indica que en
ocasiones ésta ha sido o es una condición de factibilidad en el acceso y la
continuidad. Uno de los motivos es en relación a los recursos humanos y
económicos que en la actualidad el Estado no garantiza en nivel superior.
Se reafirma que los recursos humanos de apoyo que pudieran requerirse para
la formación y la educación a lo largo de la vida, han de ser garantizados por el
Estado. Incluso es necesario avanzar en definiciones políticas respecto a la
intervención de personal del ámbito de salud en el sistema educativo:
encuadres, responsabilidades.
Avanzar en definiciones que reafirmen y permitan la concreción de acceso al
campo laboral de educación, con configuraciones prácticas de apoyo que
pudiesen requerir les docentes en situación de discapacidad. Contar con
Intérpretes en LSA y avanzar en la comunicación multimedial que garantice el
acceso a la información, la comunicación, la participación, los procesos
pedagógicos didácticos y de los aprendizajes.
La evidencia desde la experiencia indica que garantizar los recursos de
intérpretes y comunicación, por ejemplo, para estudiantes y docentes sordos y
ciegos, promueve su participación, derribando barreras construidas sobre
supuestos de no participación. Generar las condiciones es un paso
fundamental para promover la participación.
Se evidencia el avance en la participación de estudiantes en nivel superior, en
particular en los institutos de formación docente, de formación técnica y
universidades. Cada institución define estrategias de lucha en relación a las
diversas barreras: físicas y en particular edilicias, comunicacionales y en
particular de acceso a la información, académicas y específicamente en
relación a la necesidad de contar con diversificación metodológica para la
transmisión, resignificación y expresión de saberes académicos requeridos
para la acreditación de la formación.
La necesidad de recursos de apoyo de figuras de acompañamiento en la vida
académica son resueltas de manera diversa: en las universidades con figuras
de becarios que encuentran en la actividad una retribución en términos
formativos en relación a la situación de discapacidad; en los institutos de
formación docente se ensayan como estrategias el acompañamiento de
referentes docentes y pares, siendo complejo de formalizar por la disponibilidad
de tiempos y formación. En algunas situaciones específicas intervienen figuras
de apoyo externas lo cual evidencia desigualdad en las oportunidades y
ausencia de normativa que configuren los ejes formativos. En todos los casos,
la organización con los recursos humanos ya disponibles no es suficiente para
garantizar un abordaje de las condiciones prácticas de apoyo que se requieren
para garantizar la accesibilidad y las oportunidades para una educación y
formación en condiciones de vida digna. Se requiere avanzar en la
formalización de dispositivos institucionales transversales, con políticas con
principios organizadores desde el modelo social de la discapacidad, diseño
universal de la enseñanza y para los aprendizajes y apoyos centrados en la
persona cuando resulte necesario en relación a la situación de discapacidad,
entendiendo esta desde una dimensión institucional.
Es necesario avanzar en la definición de certificaciones y titulaciones que
acrediten los saberes académicos y prácticos de les estudiantes en relación al
campo ocupacional y laboral. Así como promover y acompañar la inserción
laboral, desde la reconfiguración de los contextos prácticos de inserción. Es
tiempo de una construcción histórica en la que la perspectiva propuesta por la
educación inclusiva abre camino en la vida adulta. Este ha sido su propósito y
hoy exige coherencia en las políticas y prácticas sociales.
Se evidencia la participación de docentes siendo personas en situación de
discapacidad. Es urgente la necesidad de avanzar en políticas y prácticas que
garanticen los ajustes razonables y configuraciones de apoyo que fueran
requeridas para el ejercicio laboral, tal cual lo expresa la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se sostiene la necesidad de compromiso desde las acciones cotidianas,
impulsando transformaciones desde las bases.
Es necesario ampliar el desarrollo de investigaciones para contar, entre otra
información relevante, con información estadística. Documentar las
experiencias y las condiciones que favorecen el desarrollo de políticas
institucionales que garantizan la accesibilidad.
Se reafirma la importancia del arte en el proceso educativo, a lo largo de toda
la vida. También la necesidad de nuevas organizaciones institucionales en el
cruce o los intersticios entre niveles y modalidades. Tal es el caso de CreArte
como modalidad artística, de educación durante la vida, para jóvenes y adultos.
Necesidad de incorporar formaciones que acompañen la resignificación de
prácticas de formación que promuevan múltiples vías para la interpretación, la
resignificación, la expresión, tomando por ejemplo los aportes teóricos del
Diseño Universal para la Enseñanza y para los Aprendizajes. En el marco del
Congreso se accedió a esta vivencia, dada la multiplicidad de dispositivos y
alternativas comunicacionales presentes; también se experimentó en diversos
talleres, en particular vinculados al juego y los lenguajes estético expresivos.
Es necesario definir, delinear y evaluar política educativa, desde la perspectiva
de la discapacidad, en clave latinoamericana. Urgente organizar espacios de
diálogo en los que podamos avanzar en decisiones con participación desde las
bases, en red.
Garantizar las condiciones laborales para la educación, la formación y el
trabajo dignos.
Sede de la 10 Jornada de la Red Regional de Educación Superior,
Discapacidad y Derechos Humanos: Neuquén, propuesta desde IFD 4.
Líneas de acción propuestas para las políticas educativas:
Formación permanente sobre accesibilidad, discapacidad desde la perspectiva
de derecho humano y educación inclusiva, planificada desde los Ministerios de
Educación, en agenda, con tiempos anticipados.
Curricularización de formación en educación inclusiva, accesibilidad, desde la
perspectiva de la discapacidad.
Transversalizar el compromiso con generar propuestas accesibles en los
distintos ámbitos institucionales.
Garantizar condiciones de accesibilidad física, edilicia, comunicacional,
académica, los ajustes razonables y configuraciones de apoyo con recursos
(humanos, tecnológicos, pedagógico didácticos) que fueran necesarias en
relación a situaciones de discapacidad.
Financiamiento garantizado a largo plazo. Condiciones laborales dignas.
Garantizar apoyos que pudieran ser necesarios para el desempeño docente de
trabajadores con condiciones de discapacidad.
Realizar propuesta de certificaciones de trayectorias de formación, vinculadas
al campo laboral y ocupacional, con sentido de diversificación, permitiendo
acreditar múltiples posibilidades, sin ser condición excluyente de la formación
de grado por la cual se ha optado.
Propiciar la investigación y sistematización de experiencias.
Desarrollo de red de bibliotecas digitales. Organización que facilite la
distribución y acceso a material digitalizado, en formato audio y LSA- E,
elaborado desde las diversas instituciones. Se requiere que el gobierno brinde
apoyo con recurso tecnológico que permita el almacenamiento de información.
Propiciar la elaboración de nuevos marcos normativos para sostener estas
propuestas a largo plazo, exigiendo la celeridad en la implementación.
Les estudiantes, docentes de los diversos niveles educativos, los participantes
de esta Red Regional, reunidos en Congreso se comprometen a continuar el
intercambio y la construcción colaborativa de propuestas que generen
condiciones propicias para la convivencia democrática y la vida digna, en
articulación con propuestas del estado, sindicatos y organizaciones que
impulsen la concreción de derechos
